Golfo Negro: ”¿Quién soltó el petróleo?: El juego de las sillas entre PEMEX y la Federación
Jicacal, la zona cero en el olvido institucional, junto a otros 51 municipios afectados: 42 en Veracruz y 9 en Tabasco
Xalapa, Ver.- Mientras el discurso oficial se concentra solo en algunas playas turísticas convenientes para el próximo periodo vacacional, en las costas del norte y sur de Veracruz, el aroma a salitre ha sido sustituido por el olor penetrante del hidrocarburo y la negligencia. Lo que ocurre en la playa de Jicacal (zona cero), situada en el municipio de Pajapan, no es un incidente menor ni una “mancha aislada”; es el síntoma de una emergencia sanitaria-ambiental que se extiende de manera descontrolada en todo el Golfo de México; pero las autoridades parecen estar empeñadas en operar con el manual de “aquí no pasa nada, solo son unas gotitas”.
Los datos duros son alarmantes, según reportes de la Red Corredor Arrecifal del Golfo y monitoreos satelitales independientes, la afectación se extiende por más de 630 kilómetros de litoral y 125 arrecifes en peligro crítico, desde la laguna de Tamiahua hasta Paraíso, Tabasco. El rastro del petróleo dibuja el mapa de un Estado fallido en su deber de vigilancia, esto pone en evidencia que no estamos ante un derrame hipotético, hay 430 toneladas de residuos peligrosos recolectados hasta el momento, que confirman la magnitud del desastre.
La narrativa federal es fascinante por su capacidad de contorsión. Por un lado, la Presidenta Claudia Sheinbaum y la Gobernadora Rocío Nahle apuntan con dedo inquisitivo hacia un “barco privado” que presuntamente realizaba descargas ilícitas, una especie como de buque fantasma del que nadie da nombre ni matrícula, mientras que Petróleos Mexicanos (PEMEX) se apresura a sacudirse el chapopote de las botas. La falta de un peritaje transparente de la FGR y la PROFEPA solo alimenta la sospecha de que la verdadera magnitud del daño es irreversible para el Sistema Arrecifal Veracruzano.
Sin embargo, los datos satelitales y los reportes detectaron como principal evidencia del origen, residuos desde el 6 de febrero en las inmediaciones entre una embarcación no identificada y la plataforma ABKATUN, perteneciente a PEMEX en la zona de Campeche. La descarga se intensificó el 11 de febrero y 2 días después, al menos 5 embarcaciones realizaban labores de contención, un día después, la mancha tenía una dimensión que se extendia vorazmente, equivalente a 1,000 veces a la plancha del Zócalo capitalino. ¿por qué la Secretaría de Marina y la ASEA guardaron silencio durante semanas si tenían conocimiento temprano?
El recuento de los daños abarca ya tres estados Tabasco, Veracruz y Tamaullipas, se reporta 430 toneladas de residuos peligrosos recolectados, 25 días de retraso entre el primer avistamiento y la creación de un grupo de trabajo real. Resulta insultante, que PEMEX anuncie un fondo de 35 millones de pesos para reparar daños en 51 municipios, manteniendo una postura aún de “auxiliar”, no como responsable. Esa cifra es una limosna frente al colapso económico en las costas del Golfo. Para un restaurantero, lanchero o un pescador, el petróleo no es solo un concepto de contaminación y salud; es la parálisis total del sustento de miles de familias.
¿Por qué evitar la declaratoria de Emergencia Sanitaria? La respuesta es sencilla. Admitir la magnitud del desastre obligaría a fincar responsabilidades penales contra funcionarios y a ejecutar una inversión masiva en remediación que hoy, en tiempos de “austeridad republicana”, parece no estar en la agenda. Además de proteger a los resposables en complicidad.Por otra parte, la llegada de sargazo contaminado con crudo, una combinación tóxica de difícil degradación, requiere tecnología de punta, no solo brigadas manuales enviadas por gobierno federal para la foto oficial como el grupo interinstitucional. A pesar de los esfuerzos de contención, el crudo sigue arribando a las costas veracruzanas, aunque de manera oficial reporten un 85% de avance, la cruda realidad es otra, el uso de dispersores químicos que, si bien “desaparecen” la mancha de la superficie, hunden el tóxico al fondo marino, afectando irremediablemente la cadena alimenticia.
El gobierno estatal y la federación juegan al “teléfono descompuesto” mientras la fauna y las tortugas aparecen muertas en las orillas. La Fiscalía General de la República (FGR) y la PROFEPA deben dejar de buscar chivos expiatorios y presentar el peritaje técnico de los 13 buques reportados como sospechosos para declarar culpables con nombres y apellidos, junto con una indemnización directa a las familias de los municipios afectados, además de brindar transparencia en el tema de salud, el gobierno debe informar sobre el grado de toxicidad del agua para los bañistas y la fauna local.La historia y el mar, siempre terminan devolviendo a la orilla aquello que se intentó ocultar bajo el tapete del Golfo, disfrazada de “incidente menor”.
“En fin, con el permiso de su excelencia… esto no es una columna sería”. . .
